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  LA SUPRESIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO PROFUNDIZA EN LA PRECARIEDAD

Análisis de Cáritas sobre la eliminación del PRODI o los 426€.

Antecedentes

Los dispositivos que garantizan unos ingresos mínimos en España han ido apareciendo en distintos momentos y con distintas lógicas para cada uno de los colectivos protegidos. Ello ha permitido la existencia de déficits importantes ya que no se ha concebido nunca como un todo, por lo que presenta importantes problemas de articulación que limitan significativamente su eficiencia en la reducción de las desigualdades y de la pobreza en nuestro país. Si lo llamamos "sistema" es más como un eufemismo que como un concepto (Este tema se desarrolla en el estudio de Ayala y Laparra El sistema de garantía de ingresos mínimos en España y la respuesta urgente que requiere la crisis social publicado por FOESSA y Cáritas Española).

Cuando se plantea el debate sobre la pobreza, la atención recae habitualmente en las Rentas Mínimas. Cabe destacar la existencia de notables diferencias entre Comunidades Autónoma (cuantía, plazos de tramitación, requisitos...) en cuanto a la forma en la que se tratan estas situaciones de necesidad en cada caso. Se ha producido un aumento medio del 11% de perceptores en el primer año de crisis (2008) y de un 37% en 2009. Para atender a estos perceptores el aumento de los recursos ha sido significativamente inferior, lo que pone de manifiesto una vez más la constricción presupuestaria que ha venido limitando el normal desarrollo de estos programas en la mayoría de las comunidades autónomas.

Estos déficits en el "sistema" de la garantía de ingresos mínimos han obligado a muchas personas a solicitar ayudas básicas de subsistencia fuera de la red pública. Como demuestran las cifras de Cáritas, desde el inicio de la crisis se ha duplicado el número de personas atendidas "en sus servicios de ayuda directa" hasta llegar a los 800.000. Desde estos servicios de Cáritas se ha constatado que menos de un tercio de las personas que acuden a los mismos cobran prestaciones por desempleo, y que la mayor parte de las personas que solicitan ayuda en nuestros servicios de ayuda directa no cobran ningún tipo de Renta Mínima. Las ayudas más solicitadas tienen que ver con la cobertura de necesidades básicas (alimentos, ropa y calzado y alojamiento).

El PRODI

La creación en 2009 del Programa temporal de prestación por desempleo e inserción (PRODI, usualmente conocido como "la prestación de los 426€") que amplió el derecho de cobro de la prestación a los trabajadores que hubieran extinguido por agotamiento la prestación por desempleo de nivel contributivo (sin derecho a subsidio posterior) o el subsidio por desempleo, fue una solución transitoria para un problema estructural. La insuficiencia de los ingresos de un alto porcentaje de los hogares españoles era ya un problema visible antes del estallido de la crisis, si bien el vertiginoso aumento del desempleo tuvo una rápida traducción en el aumento de los hogares sin ingresos, que alcanzó máximos históricos en tan sólo dos años (casi medio millón de hogares en 2009). 215º Consejo General 17y18/12/2010 Punto 22 2

Antes de la crisis, unos 200.000 hogares estaban ya al margen de la protección social en España, con ingresos por debajo del umbral de la pobreza severa. Éstos siguieron al margen del esfuerzo adicional que supuso la nueva prestación (PRODI) y se les unieron las nuevas víctimas de la crisis que no cumplían los requisitos establecidos para acceder al PRODI, así la nueva prestación permitía reducir el impacto de la crisis en los hogares de muchos trabajadores pero negaba la asistencia a aquellos que nada tienen, si no habían estado inmediatamente antes en el ámbito de la cobertura por desempleo de la Seguridad Social.

No es extraño que la aprobación de tal medida suscitara una notable controversia. Por un lado, existían serias dudas sobre su eficacia para dar respuesta a las necesidades de los hogares que se iban quedando sin ingresos. Los cerca de 270.000 beneficiarios del PRODI en lo que va de año 2010 suponen prácticamente la mitad de los hogares sin ingresos que ofrece la Encuesta de Población Activa. Por otro lado, esta medida transitoria, inevitablemente interpretable como un parche con fecha de caducidad, puso de manifiesto la falta de voluntad política para abordar la necesidad estructural de consolidar una red de protección suficiente, que rellenara las lagunas del sistema y eliminara muchas de sus disfunciones, como su acusada desigualdad territorial y la considerable fragmentación del conjunto de prestaciones no contributivas.

El PRODI, sin embargo, servía para dar una tímida respuesta, al menos, a la desprotección del desempleo que puso de manifiesto la crisis. En ese único sentido la medida era positiva y lo hubiera sido más si se hubiera mantenido en el tiempo como un programa estable para los desempleados sin prestación.

Valoración de la medida de no prorrogar el PRODI

La decisión adoptada de no prorrogar más el programa genera grandes interrogantes sobre la evolución de la pobreza en España a la vez que hace transparente la negación de criterios sociales en la búsqueda de respuestas a la crisis y a los problemas de consolidación fiscal. La eliminación de esta frágil red de protección impone una notable incertidumbre a cualquier valoración que se quiera hacer sobre el futuro desarrollo social de España. Incluso aunque se recuperara en el corto plazo progresivamente el empleo - escenario poco realista -, la evidencia conocida de que la persistencia en el tiempo de tasas de desempleo elevadas incrementan los niveles de desigualdad y pobreza de la población española hace inevitable pensar en costes sociales muy importantes. La responsabilidad en este mayor sufrimiento social no puede ser atribuible, por tanto, con carácter exclusivo a las condiciones económicas y a las presiones de los mercados sino también a decisiones políticas concretas.

Las serias restricciones que gravitan sobre los programas de gasto no significan que no hay márgenes de actuación para aliviar las situaciones sociales de mayor crudeza. Existen posibilidades de recaudación que podrían contribuir a la financiación de un sistema más sólido de garantía de ingresos. La recuperación, por ejemplo, de los impuestos sobre la riqueza, que cubrirían los costes de un nuevo sistema de protección para los más vulnerables, no sólo es técnicamente posible sino que es objeto de creciente demanda social. La negación de este hecho y de tantos otros no es sino un peldaño más en la consolidación de una sociedad asimétrica que está tomando forma en las políticas de ajuste a la crisis: se prima a los que más tienen y se deja fuera de la acción política a los que no tienen nada. 215º Consejo General 17y18/12/2010 Punto 22 3

Aceptar la eliminación de la medida transitoria de la protección a los desempleados es, de esta forma, el corolario de una política antisocial. Es la última consecuencia de llevar las decisiones sobre cómo se debe organizar nuestra sociedad a ámbitos y espacios que ignoran los derechos sociales más elementales. Dejar a cientos de miles de ciudadanos a su suerte no sólo es negar la estadística oficial sino que constituye una declaración pública de abandono de los sectores más vulnerables de población. Es, en definitiva, la consagración del descompromiso con los más pobres desde la falta de responsabilidad pública.

Conclusiones

Es seguro que una medida de este tipo profundiza en la precariedad económica y social de las personas más vulnerables, que acabará llevándolas a la situación no sólo de precariedad económica sino de pobreza extrema o severa.

La supresión de esta medida contribuye aún más a lo que ya se está comprobando en nuestra sociedad, la formación de un grupo social totalmente desasistido y sin perspectivas, lo que pone las bases y es un "caldo de cultivo" de una grave fractura social, lo que lleva a la sociedad en la deriva hacia graves problemas de conflicto y de ruptura de la convivencia social.

Además, sitúa a las Organizaciones Sociales en una situación insostenible en la medida en que no puede esperarse de las entidades que sean las que van a poner contención a las demandas sociales que puedan generarse a raíz de esta medida. Las organizaciones sociales no pueden llegar a todo, no pueden ser el sustituto del Estado; la Administración Pública tiene por ley el deber de atender en estos casos.

Queda constatada la necesidad de garantizar unos ingresos mínimos a aquellos hogares que no pueden acceder a otro tipo de prestaciones. Es evidente el valor que tienen las políticas activas. En cualquier caso, esta prestación no puede vincularse de forma exclusiva a este objetivo sino a garantizar la protección social.


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