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  EL CERMI SE ADHIERE A LA ALIANZA PARA LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha adherido a la Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, “cuarto pilar del Estado del Bienestar”, con el objetivo de defender un sistema de Servicios Sociales sustentado en la responsabilidad pública como garantía de los derechos de la ciudadanía, en el que participe la iniciativa social organizada.

Esta Alianza se constituyó el pasado 26 de septiembre y presentó su Manifiesto para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, “A más crisis, más políticas sociales”. Este documento expresa, en líneas generales, la situación de crisis económica como causa del aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social y la necesidad, como consecuencia, de un incremento de la demanda de servicios y prestaciones y, sobre todo, de Servicios Sociales.

La Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales defiende, frente a los recortes sociales, un incremento racional de las políticas sociales encaminadas a asegurar unos Servicios Sociales que avancen en el reconocimiento pleno de derechos subjetivos y reclama la presencia de todos los actores sociales, revitalizando los espacios y ámbitos de participación e interlocución social como expresión democrática y de ciudadanía activa.

Para ello, insta a reforzar un sistema de Servicios Sociales que afronte los problemas actuales de forma multidimensional e integral, que fomente la participación social, la solidaridad y la corresponsabilidad, y que ofrezca respuestas personalizadas, preventivas y comunitarias.

También considera que las políticas deben tener como prioridad el desarrollo humano de las personas y que la intervención social debe incidir en la aplicación activa de las personas, los grupos y las comunidades en la superación de las carencias y en el desarrollo de sus posibilidades de promoción. Por tanto, considera que se debe “favorecer el protagonismo de una ciudadanía más activa, informada y corresponsable”.

Además, la Alianza reivindica una financiación pública con dotación presupuestaria suficiente y sostenible, que garantice la igualdad de acceso y la universalidad de los servicios y de las prestaciones en el marco de un desarrollo económico y social equilibrado, convergente con el gasto social europeo. Así propone la responsabilidad del sector público en materia financiera, inversora y de gestión. La participación de la iniciativa privada se ha de llevar a cabo de acuerdo con formulaciones jurídicas y administrativas adecuadas, señala.


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