Con motivo del Día Internacional para la erradicación de la pobreza, EAPN-Andalucía ofreció una rueda de prensa en nuestra sede para dar a conocer los datos más significativos sobre el “9º Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía.”
Nuestra comunidad autónoma vuelve a incrementar un año más sus datos de pobreza, superando en 12 puntos la media estatal del indicador AROPE (medidor de probreza y exclusión social), situándose en segunda posición, sólo superada por Extremadura. La vocal de la Junta directiva de EAPN-Andalucía, Susana García, indicaba que “Este año hay 75.000 personas más que el anterior en riesgo de pobreza y exclusión, una situación que sigue empeorando con los años sacudiendo a los sectores más desfavorecidos”. Este incremento se debe al empeoramiento de la situación de las mujeres, cuya tasa crece casi dos puntos porcentuales mientras que la masculina se mantiene estable.
El informe desgrana una panorámica de los ámbitos que necesitan un estudio más pormenorizado, cómo es el enfoque de género. La violencia de género es el máximo exponente de esta desigualdad, dónde Andalucía continúa liderando el ranking de comunidades autónomas con un mayor número de denuncias presentadas, obteniendo un ratio de víctimas del 26,1%. Especial preocupación releva el incremento de víctimas mortales en Andalucía, ya que en 2018 fueron 12 las mujeres asesinadas, representando el 25,5% del total de las 47 mujeres asesinadas en España. Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial, a 30 de septiembre de 2018, Málaga se coloca como la provincia andaluza con mayor número de denuncias por violencia de género con un 24,7 por ciento del total.
En vivienda, el alza de los precios tanto de alquiler como de compra no es un reflejo de la mejoría económica de la población, los datos en este sector reflejan una subida de los precios tanto en la compra-venta como en los alquileres, produciéndose un cambio de tendencia al alza desde 2014. Se ha producido un aumento en los desalojos que se derivan del alquiler de una vivienda, alcanzando los 5.093 lanzamientos en 2018, cifra que ha ido creciendo progresivamente, demostrando la problemática que están tratando de visibilizar las entidades sociales que trabajan en este ámbito y que denuncian la existencia de una nueva burbuja del alquiler.
Málaga es la primera provincia andaluza con un mayor número de plazas destinadas a alquiler turístico con un aumento entre 2017 y 2018 de un 39,79 por ciento. Este dato contrasta con las solicitudes de vivienda protegida, que han registrado un aumento respecto a 2016 de un 84 por ciento, lo que sitúa a Málaga como la tercera provincia andaluza en número de solicitudes de este tipo de solución de habitabilidad.
En lo que respecta a la infancia, tener hijos e hijas es un importante factor de riesgo de pobreza: en el año 2018, el 16,9% de los hogares compuestos por dos adultos y sin niños/as dependientes están en riesgo de pobreza, sin embargo, en el mismo tipo de hogar, pero con niños/as dependientes, la tasa sube al 23,2%, es decir, más de seis puntos porcentuales, que suponen una diferencia del 37%.
En materia de empleo y pese a que las tasas de paro han sufrido una caída en los últimos años, las estadísticas muestran síntomas de pobreza laboral. Andalucía, es la tercera comunidad autónoma con sueldos y salarios más bajos de toda España. El paro prolongado durante un año o más sigue a niveles muy superiores a los del estallido de la crisis, afectando en mayor medida a la población mayor de 55 a 64 años.
En la provincia de Málaga la brecha salarial se ha incrementado unas décimas entre 2017 y 2018 pasando del 28,3 al 28,6 por ciento lo que supone pasar de cobrar 3.846 euros menos a 3.953. Esta situación del empleo y la brecha salarial convierte a las familias monomarentales en especialmente vulnerables y aumenta el peligro de exclusión social de la población infantil que en Andalucía afecta al 34,8 por ciento de este colectivo.
Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga junto con EAPN-A Málaga demandamos una reforma de la Renta Mínima de Inserción que implique su refuerzo y una mayor agilidad en la gestión, la obligatoriedad de abordar una estrategia municipal de vivienda, pobreza energética y exclusión residencial, la implementación de políticas públicas específicas de inclusión sociolaboral a las personas con mayores dificultades de empleabilidad o precariedad laboral, no aplicar recortes en servicios fundamentales educativos y la obligatoriedad de reducir el número de mujeres víctimas de violencia de género así como medidas para incentivar a las empresas para reducir la brecha salarial por motivos de género.