Hace días saltaba la noticia de que el Ayuntamiento de Marbella se propone efectuar la compra de 15 pistolas tipo TASER, arma “no letal”, para evitar que aquellas personas que se salten las medidas de confinamiento o que, desoyendo las indicaciones de los agentes, vulneren la distancia social y pongan en peligro de contagio a la Policía Local o población en general, puedan ser reducidas e inmovilizadas si se consideran una amenaza.
Si bien, todos somos conscientes que, frente a esta emergencia sanitaria como la que se afronta con el COVID-19, virus altamente contagioso de muy rápida propagación, se obliga a toda la población a extremar las condiciones de distanciamiento social, apelando a la necesaria responsabilidad individual. Esta situación se hace más compleja cuando nos referimos a sectores de la sociedad de más extrema vulnerabilidad.
Sin embargo, lo que provoca cierto desconcierto es que, según las diversas fuentes publicadas y en el propio documento elaborado por el gobierno municipal, la adquisición de estas armas se fundamenta, principalmente, en que los agentes y cuerpo de la policía local de este Consistorio puedan utilizarlas para reducir a personas sin hogar o personas con alguna adicción, que, por sus circunstancias de vida, ya complejas y difíciles, son considerados foco para la propagación de dichos contagios.
Estos colectivos constituyen, ya en sí mismos, las personas más castigadas por la sociedad, rechazadas, estigmatizadas, apartadas y excluidas, siendo, además, desposeídas como ciudadanos y ciudadanas de derechos elementales.
(véase el borrador del documento elaborado por el Ayuntamiento de Marbella)
Si el argumento esgrimido en declaraciones públicas posteriores a los medios por el gobierno local, está amparado en su uso sobre aquellas personas que incumplan las restricciones marcadas por el gobierno central en Estado de Alarma para proteger a los cuerpos y fuerzas de seguridad de posibles contagios y a la ciudadanía en general, nadie entendería como el pasado domingo 9 de mayo, el Cardenal Cañizares de Valencia se saltara con total impunidad el confinamiento abriendo la Basílica al público y congregando a más de 200 feligreses sin medidas de distancia social y poniendo en peligro a otras miles de personas de ser contagiadas ante la mirada algo impasible de la policía. La pregunta lógica que subyace, sería si en estos casos es admisible también que la Policía hiciera uso de este tipo de armas sobre el Cardenal y los feligreses congregados.
De ahí que sea inaceptable desde los colectivos sociales y de defensa de los derechos humanos esta criminalización sobre estos colectivos, que son a su vez, la población más frágil y excluida socialmente, y a los que la propia Administración Pública no ha sabido dar soluciones adecuadas y eficaces a sus necesidades, y lamentando que sus únicas respuestas sean de carácter punitivo.
El Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga muestra su desaprobación al uso de estas armas paralizantes con el fin único de neutralizar a personas que, por su situación de calle o circunstancias frágiles, se encuentran gravemente desprotegidas.
A ello se suma, nuestra preocupación por las graves consecuencias de estas armas, nada inofensivas, sobre personas cuyo estado físico y mental se encuentra ya debilitado por las extremas carencias que padecen pudiendo provocar graves lesiones o daños irreparables en su salud.
Con todo, solicitamos que el Ayto. de Marbella no se dote de estas armas lesivas que atenta a derechos, ni haga uso de las mismas, cuanto menos que este uso tenga como blanco principal colectivos vulnerables de la sociedad, retirando la compra y adquisición de las mismas.
A su vez instamos a los gobiernos a regular la prohibición de estas armas, como ya lo han hecho en otros países de nuestro entorno, como es el caso de Alemania.