Las personas dependientes en Andalucía representan uno de los sectores más vulnerables en nuestra sociedad. Los derechos de estas personas deben ser garantizados y protegidos y nos interpela directamente como profesión. Por ello, desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social queremos manifestar que el decreto de simplificación administrativa, (Decreto-Ley 3/2024, de 6 de febrero, en el que adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa), amenaza con desmantelar ciertos mecanismos de protección esenciales que permiten a las personas dependientes acceder a servicios y recursos de forma equitativa.
Cómo profesión comprometida con la justicia social, la equidad, la ética y la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía, manifestamos nuestro firme rechazo a las medidas incluidas en este decreto, y solicitamos su revisión inmediata por:
- La pérdida de garantías y protección de las personas dependientes.
- El aumento de la brecha y desigualdades en el acceso a los servicios.
- La vulneración de principios propios del Trabajo Social.
- El impacto en la calidad de los Servicios Sociales.
Todo ello a través de:
- Paralizar miles de expedientes, que anterior a este Decreto, ya venían también sufriendo retrasos de tramitación, con listas de espera y un tiempo de espera de 600 días de media, a sabiendas que detrás de estos expedientes hay personas en situación de dependencia, con unos índices de vulnerabilidad y riesgo social, viéndose perjudicadas, y que en muchos casos se convierten en urgencias sociales ante la falta de recursos públicos.
- Plazos de 6 meses para resolver que no se cumplen. Además, personas que se incorporarán a listas de espera por tiempo indefinido y que, en su caso, sólo aquellas que tengan mayores recursos económicos podrán pagar una plaza privada y percibir mientras tanto, prestación vinculada al servicio. En otros casos, muchas personas no llegarán a poder disfrutar del derecho, al llegar el recurso tarde. “Hay que recordar que, desgraciadamente, a las 8.771 personas en lista de espera que fallecieron en Andalucía, sin ser atendidas en 2023, los presupuestos no les llegaron a tiempo” (Datos recogidos de Observatorio Estatal de la Dependencia).
- Duplicar y complicar el trabajo de las personas profesionales del trabajo social de la dependencia, exponiendo a las mismas a riesgos psicosociales y a problemas de salud, derivados de la exposición a situación de estrés continuado por imposición de objetivos semanales inalcanzables, sin tener en cuenta la dispersión geográfica o situaciones de vulnerabilidad. Con un proceso de citación, realizado por personal externo a la administración pública, que no conoce la particularidad y casuística de las zonas de trabajo, en consecuencia una despersonalización de la atención, ya que se reduce las posibilidades de acompañamiento social , haciendo más difícil para los y las ciudadanos y ciudadanas acceder a información completa sobre sus derechos, debido a que la situación a la que se exponen a las y los profesionales del trabajo social es imposible de asumir, con falta de personal y aumento de la presión.
- La reducción de la responsabilidad pública, abriéndose la puerta a la privatización encubierta de los servicios sociales con la falta de instrucciones claras por escrito, yendo en contra del principio de transparencia política.
- Provocar el colapso en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios ya dañados, a los que, como primer nivel de atención y cercanía, acude la ciudadanía para interesarse por sus expedientes, que se desbordan al tener que paliar las consecuencias de un Sistema de Atención a la Dependencia que no funciona, teniendo que atender situaciones de urgencia social que se podrían haber evitado.
- Un sistema informático que no funciona. Destacar la situación de indefensión que en este momento sufre la población debido a la falta de información cuando acuden por proximidad a los Servicios Sociales Comunitarios, ya que no se disponen en este momento de ningún programa ni aplicativo en el que poder consultar la evolución de los expedientes de Dependencia.
Por todo ello, desde el Consejo Andaluz solicitamos a la Junta de Andalucía, y a todos los partidos políticos con representación parlamentaria que tengan alturas de miras y responsabilidad política para tomar las medidas necesarias con carácter de urgencia para que las personas y profesionales relacionados con esta gestión puedan volver a confiar en el sistema, lo que supone:
- Mejora en la coordinación entre administraciones.
- Refuerzo de la Digitalización Inclusiva.
- Dotación de recursos humanos.
- Protección de los Derechos.
- Ampliación de las plazas de profesionales de Trabajo Social.
- Retractación del Equipo del ASDA, que expliquen a los ciudadanos/as andaluces y a los centros de Servicios Sociales su decisión, tras el malestar ciudadano generado y el maltrato profesional
- Creación de un gabinete de urgencia, en el que estén representadas todas las partes: administración central, administraciones locales, y colegios profesionales, que aborden la situación de crisis creada a raíz de la publicación de este Decreto, y se tomen las medidas de urgencia necesarias.
- Instauración de los medios informáticos efectivos que permitan llevar a cabo una gestión ágil y de calidad de los expedientes citados. Así como para tener acceso a la información y evolución en los trámites de expedientes.
- Exigimos la publicación y accesibilidad a las listas de acceso, garantizando así el derecho de información de las personas beneficiarias, así como el cumplimiento del principio de transparencia. A la vez que solicitamos máxima celeridad en la asignación de los recursos para que dicha lista de espera no se demore en el tiempo, privando así a las personas beneficiarias del disfrute de dichos recursos tras haber adquirido el derecho a los mismos.
- Y en su caso, y mientras esto no sea efectivo, volver a utilizar el sistema anterior, que faciliten la resolución de los reconocimientos de situación de dependencia y la resolución de PIAS que permitan a las personas poder acceder en tiempo real a los servicios y prestaciones del sistema.
Por todo lo expuesto anteriormente, exigimos a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que garantice el acceso equitativo y en plazo a los recursos para todas las personas beneficiarias y sus familias. Así como su compromiso en la protección de aquellas especialmente vulnerables por su situación de dependencia.
Fuente: Consejo Andaluz de Trabajo Social (3 de octubre de 2024)