El pasado 2 de octubre 2024 se celebró en la sede del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga un exitoso encuentro que congregó a un buen número de asistentes presentes y otras en streaming, en el que se dialogó sobre la Ley 8/2021, tres años desde su aprobación y entrada en vigor.
Una cita en la que se abordaron aspectos de la citada norma desde amplia perspectiva y que propició un interesante diálogo posterior entre las personas intervinientes y público asistente.
Este marco regulador de gran calado social trajo consigo reformas cruciales y un cambio de paradigma en lo que antes venían siendo los procedimientos judiciales de incapacitación por un nuevo enfoque de derechos para la salvaguarda de las personas con discapacidad y centrada en ellas, lo que supuso un importante salto ético, en el sentido de que tiene en cuenta la voluntad de las personas con discapacidad, sus necesidades, intereses, preferencias.
Una ley que provee y define el alcance de las medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer su plena capacidad jurídica, acompañando en todo ese proceso, bajo principios de mínima intervención y proporcionalidad de las medidas.
La mesa, moderada por Ana Torrado, vocal de formación del CPTS de Málaga, estuvo integrada por profesionales del Trabajo Social de diferentes campos de actuación implicados de manera directa, quienes analizaron y debatieron la norma legal desde distintos puntos de vista: Eva Martos, servicios sociales del Ayuntamiento de Málaga, desde el ámbito hospitalario Juan Antonio Torres, Jefe de Servicio del Hospital Regional y Alicia Belén de Pablo, de la USMC de salud mental Málaga Norte, Inmaculada Moreno, directora de la fundación jienense de apoyos y Josefa Moreno, directora del gabinete JMR, ejercicio libre.
Fueron los dictámenes periciales, materia que recoge de manera obligatoria la norma, uno de los ejes que concentró parte del debate posterior.
En esta línea se trataron asuntos controvertidos al situar en el ámbito de los servicios sociales comunitarios la petición de informes sociales frente a los dictámenes periciales que dispone expresamente la conocida como “ley de apoyos” y que como tales deben ser realizados por personal técnico formado y especializado en este campo forense.
Si bien la idea sostenida por buena parte de las personas intervinientes y asistentes, era que debía de permanecer en el ámbito público, aunque no necesariamente en los servicios sociales comunitarios, y de ser este sistema, por su proximidad a la ciudadanía, debía de llevar aparejado una mayor dotación de recursos.
Las dudas surgen en la petición de informes sociales frente a la pericial forense que es lo que marca expresamente la ley.
De esta forma se aclaró que un dictamen pericial no es igual a un informe social, aunque el sistema judicial se esté valiendo de estos últimos con función pericial, para ilustrar a jueces y juezas sobre los apoyos que requiere la persona.
En esta misma línea, otra de las importantes diferencias que se destacaron entre ambos documentos, es que acorde con el espíritu de la norma jurídica, el dictamen pericial, hace una valoración, y emite un dictamen, que se pronuncia sobre el objeto de la pericial proponiendo los apoyos jurídicos que requiere la persona, a diferencia de los apoyos sociales, sanitarios o comunitarios sobre los que descansa el informe social.
Todas las personas asistentes incluidas las personas que integraban la mesa, coincidieron en las bondades de la norma, pero debiera estar acompañada de una mayor financiación que entre otras cuestiones, dotara de profesionales y equipos adecuados y especializados en la materia y en concreto reforzando los equipos técnicos judiciales.
Tanto intervinientes como público asistente hicieron un balance positivo y enriquecedor de la mesa de diálogo, en la que se pudo intercambiar impresiones y visiones sobre el tema, si bien tres años desde la puesta en marcha de esta ambiciosa ley persiste un cierto descontento en su implantación.
En síntesis y como importantes conclusiones que se pudieron extraer de todas las posturas y debate fueron:
- Mayor dotación presupuestaria.
- Formación especializada en la materia.
- Refuerzo de profesionales en todos los sectores públicos y privados.
- Justicia gratuita.
- Coordinación entre los distintos sectores y agentes implicados.
- El dictamen pericial, ya sea desde el ámbito público o privado, elaborado y emitido por profesionales formados y especializados en la materia.
Aprovechando la participación en la mesa de las autoras del libro Josefa Moreno e Inmaculada Moreno “Medidas de Apoyo a las personas con discapacidad. Aportación del Trabajo Social”, libro editado por el Colegio de Málaga, se presentó su 2ª reimpresión, la cual brinda a las y los profesionales del sector de elementos necesarios para profundizar y acercarse de manera práctica a esta ley y su aplicación.
La realización de esta mesa evidenció, una vez más, la necesidad y la importancia de continuar reflexionando en torno a la Ley 8/2021. A su vez, demostró que un tratamiento serio de la temática requiere del diálogo interdisciplinario y de una evaluación profunda del rol de los distintos actores y ámbitos involucrados y en este sentido, el Trabajo Social, juega un papel relevante.