El Consejo Andaluz de Colegios de Trabajo Social, que engloba a los 8 Colegios Profesionales de Trabajo Social de Andalucía, ante la noticia de la implantación por la Consejería de Salud de estos Equipos, considera que los mismos no suponen ninguna mejora en la atención a las mujeres en situación de Violencia de Género existente hasta ahora, y sí puede ser una nueva dificultad en su atención sanitaria, porque no atiende las principales carencias, como son la dotación, formación e implicación de las/os profesionales de Atención Primaria, Hospitales y Unidades de Salud Mental tanto en la atención como en la prevención y detección precoz.
La elaboración de esta iniciativa no ha contado con profesionales que habitualmente trabajan en la atención de estas mujeres y, por ello, su puesta en marcha dificulta y colisiona con el trabajo que se viene realizando en la actualidad tanto en los Centros de Salud, Unidades de Salud Mental y Hospitales, dentro del ámbito sanitario, además de en el Instituto Andaluz de la Mujer, en los Centros Municipales de Atención a la Mujer, la Red Andaluza de Formación contra el Maltrato a las Mujeres (Formma) e incluso en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, que ya cuentan con un/a Médico/a-Forense y profesionales del trabajo social y la psicología, por lo que se hace necesario una explicación de en qué medida no estamos ante una duplicidad de recursos, uno más por el que se obligará a pasar a las mujeres, que ni siquiera estará situado en su entorno habitual y en relación con sus profesionales sanitarios/as y sociales de referencia. Hemos de tener en cuenta que el centro sanitario es un espacio neutro, no identificativo, de fácil y habitual acceso a la mujer, y será preferido a un equipo identificado que supondrá exponerla y ver aumentado su riesgo por el simple hecho de ser derivada a los mismos.
La identificación de casos en los servicios sanitarios es una prioridad según lo define el Plan de Atención Sanitaria a las Víctimas de Violencia de Género 2015 y las mujeres afectas perciben los servicios sanitarios como el contexto ideal para tratar su situación por su carácter normalizador y de proximidad, lo prefieren a los servicios especializados. Por ello las mejoras en la atención sanitaria deben pasar por reforzar a los profesionales de sistema sanitario, en la formación y facilitación de agendas de trabajo y no implantar sin más, unos nuevos equipos que tan sólo implicarán una etapa más del ya intenso peregrinaje de las víctimas de recurso en recurso (victimización secundaria).
Además, dado el volumen de casos de violencia de género detectados, tan sólo en Atención Primaria de Salud, estos equipos van a ser totalmente insuficientes. No hay evidencia de que un equipo especializado en un par de sesiones de formación en la EASP, y programado al margen de los recursos sanitarios, sociales y de las necesidades de la población afectada, tengan esa capacidad. La Violencia de Género tiene un origen claramente SOCIAL, de desigualdades de poder, y su abordaje no puede centrarse ni basarse en procedimientos centrados únicamente en los cuidados de enfermería. La Enfermería Gestora traspasa su línea de actuación profesional, pudiendo caer en el intrusismo, puesto que acapara prácticamente todas las labores fundamentales del Equipo.
Es importante que otras profesiones se impliquen en la lucha contra la Violencia de Género y seguro que tienen mucho que aportar, pero nunca a costa de asumir parcelas, funciones, cometidos y competencias de otros profesionales, Hemos de recordar que en la Cartera de Servicios de los/as Trabajadores/as Sociales Sanitarios/as, se incluyen sus competencias profesionales, para la atención de la Violencia de Género, y están desde hace ya muchos años trabajando con esta población, en Atención Primaria de Salud, Salud Mental y Hospitales, y así mismo realizan la coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados, IAM, Centros de la Mujer y Unidades de Valoración, así como con las Asociaciones de Mujeres y la Red Formma.
En el trabajo de estos equipos no se contempla la coordinación con los Servicios de Urgencias, ni se delimita la atención fuera del horario laboral normal. No se tienen en cuenta las actuaciones contenidas en el Protocolo Andaluz para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género. Se habla de coordinación con otras instituciones y profesionales y ni unos ni otros conocían, hasta ahora, este proyecto. En definitiva, se ponen en marcha nuevos circuitos y procedimientos, con nuevo personal y recursos, obviando los recursos ya existentes.
El compromiso y la implicación del colectivo de Trabajo Social Sanitario contra la Violencia de Género es innegable, indiscutible y demostrable a lo largo de sus años de trabajo en los dispositivos sanitarios, por lo que desde este Consejo Andaluz de Trabajo Social defenderemos las funciones de estos/as profesionales y sus competencias para el trabajo con las personas víctimas de violencia de género. Y por ello no dudaremos en tomar todas las medidas legales, profesionales y sociales que impidan que los fondos económicos dedicados a la violencia contra las mujeres se dilapiden utilizándolos en la creación de recursos cuya actuación colisiona y se duplica con el trabajo que ya se viene realizando por los/as profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
La falta de Trabajadores/as Sociales Sanitarios/as en casi un centenar de Centros de Salud del SAS, su nula presencia en los Servicios de Urgencias de los Hospitales por falta de dotación de personal y en los Hospitales de Alta Resolución por falta de contratación en los mismos, hace que el/la único/a profesional del ámbito de los SOCIAL, no pueda estar presente, como recurso profesional propio de la Consejería de Salud y Familias, en los Equipos Básicos de Atención Primaria, Hospitales y Unidades de Salud Mental, para poder prestar asistencia a estas mujeres víctimas de violencia de género. Además, y en el propio documento de puesta en marcha de los equipos se recoge en su página 4, la recomendación es implantarlos “en los CENTROS SANITARIOS” y no en espacios y entornos distintos y alejados de los mismos, como se están implantando ya.
Como corporación profesional tenemos que vigilar la adecuada ejecución de las funciones de nuestra disciplina en todos los ámbitos competenciales de la misma, y también ejercer nuestra responsabilidad ante la mala gestión del gasto público.