Tras el estado de alarma decretado por el gobierno para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la vuelta a esta nueva normalidad, es necesario pararnos a valorar y evaluar el trabajo llevado a cabo desde primera línea de acción tanto por los Servicios Sociales, en general, como por sus profesionales de referencia, las y los Trabajadores Sociales, para evitar el aumento de la brecha social y su mayor impacto en las personas y colectivos más vulnerables.
Se ha demostrado que los Servicios Sociales son más necesarios que nunca, tal y como se constata en la declaración de los Servicios Sociales como servicios esenciales en la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo. Sin embargo, los poderes públicos no muestran ningún atisbo para reconocer al sistema público de Servicios Sociales como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, relegando a la voluntariedad y discrecionalidad de sus gobernantes la atención de las necesidades sociales de la población. A falta de un marco legislativo estatal y de la dotación presupuestaria necesaria, el sistema siempre queda sin blindaje ante la ausencia de su reconocimiento.
La atención a las necesidades sociales de la población vuelve, tras esta situación de alarma, a una nueva realidad que se suma (y de la que no nos hemos recuperado) a la ocasionada por la última crisis económica. El sangrante recorte año tras año en los presupuestos económicos, la falta de personal tanto en las tasas de reposición como en la posibilidad de ampliación por una legislación discriminatoria y lesiva, la elevada predominancia de personal temporal y no de estructura, y la carencia de protocolos y criterios unificados de intervención ante situaciones de crisis o emergencia, como la que hemos vivido, han estado en la base de las condiciones extremas en las que los profesionales han tenido que desarrollar su trabajo.
La más que previsible avalancha en el incremento de demanda para la cobertura de las necesidades sociales por parte de la población que está provocando esta pandemia, derivará en una crisis social sin precedentes si no se adoptan desde ya medidas para evitarlo. Estas medidas han de ser estructurales y con proyección de futuro, superando las carencias y déficits con los que ya parte el sistema público de Servicios Sociales y dotándolo de capacidad y medios para la garantía de derechos de ciudadanía. Al contrario, son totalmente perversas para este compromiso aquellas medidas de carácter benéfico-asistencial realizadas por la administración pública que, si bien son de gran impacto mediático, favorecen la estigmatización social de una parte de la población, promueven aún más la externalización en la gestión de los exiguos recursos públicos, no responden a la obligación de la administración pública de garantizar los derechos sociales de toda la población, y suponen además un retroceso en derechos históricamente alcanzados, como los de confidencialidad en la protección de los datos de las personas con las que se trabaja.
Por todo ello, y desde nuestro compromiso constante con la justicia social y con la calidad del sistema público que ha de trabajar para alcanzarla, hacemos públicas las siguientes reivindicaciones, nada nuevas lamentablemente, pero ahora más urgentes que nunca.
En defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, en este nuevo tiempo post-Covid 19, proponemos adoptar las siguientes medidas:
- Reforzar e incrementar el personal de Servicios Sociales (Comunitarios y Especializados), completando los equipos de intervención social y facilitando la modalidad de teletrabajo y la conciliación familiar y laboral.
- Establecer la ratio de población por profesional en los Servicios Sociales Comunitarios en un trabajador/a social por cada 1.700 personas, según ratio solicitado por el Consejo General del Trabajo Social.
- Considerar como figura de autoridad pública a los trabajadores/as sociales que ejercen sus funciones en cualquier ámbito de intervención.
- Reconocer la prescripción facultativa al profesional del Trabajo Social y la simplificación de los trámites administrativos.
- Potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la conectividad (TIC) entre personas usuarias y profesionales.
- Continuar y potenciar la intervención con familias en situación de riesgo y/o vulnerabilidad social, para lo que es necesario reducir la carga de tareas administrativas de las y los profesionales que restan tiempo para la intervención social.
- Apostar por el Trabajo Social Comunitario, con especial atención a las zonas desfavorecidas y barrios vulnerables.
- Aumentar la dotación presupuestaria destinada a la activación de políticas sociales, en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales.
- Garantizar la cobertura de las necesidades básicas, simplificando los procedimientos y siendo complementario a otros, autonómico o estatal.
- Mejorar los mecanismos de coordinación con el resto de sistemas de protección, impulsando la creación protocolos y mesas de trabajo.
- Continuar y agilizar la tramitación de los expedientes de personas en situación de dependencia en lista de espera.
- Adecuar las instalaciones de los centros y espacios de atención al público, donde se garanticen las medidas de protección necesarias, así como el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales.
- Completar la implementación y puesta en marcha de la ley de Servicios Sociales de Andalucía.
